ATP, una política que debe adaptarse a la realidad pyme

Por Débora Giorgi y Javier Rando

El programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), ha sido una herramienta fundamental para preservar el aparato productivo y el trabajo de la crisis generada por la pandemia. En efecto, al menos 328 mil empresas han recibido el pago del salario complementario compensatorio, beneficiando a 3.07 millones de trabajadores lo que representó una erogación equivalente al 0.69% del PIB hasta septiembre de 2020. La paulatina apertura de actividades industriales a fines de preservar la salud de los argentinos y argentinas, se fue dando bajo el estricto cumplimiento de protocolos sanitarios, la utilización del transporte público de pasajeros reservado exclusivamente para las actividades esenciales y la dispensa de asistencia al trabajo para el personal que ha sido definido como grupo de riesgo. Esto permitió una recuperación de los indicadores de la producción y el empleo, una recuperación de la actividad industrial y del uso de la capacidad instalada como lo muestran los relevamientos del INDEC.

Sin embargo, la extensión del ASPO con diferentes características, y la reintroducción de restricciones debido al recrudecimiento de los casos en algunas regiones del país obliga a repensar la situación.

En esta etapa del ASPO muchas pymes manufactureras pueden trabajar, pero en el caso de las no esenciales deben abonar el transporte privado para sus trabajadoras y trabajadores, lo que dependiendo de la distancia de residencia a la planta puede significar un sobre costo de magnitud. Por otra parte, la no concurrencia del personal de riesgo que es imprescindible para garantizar la seguridad sanitaria de los y las trabajadoras, implica que las pymes no sólo deban asumir el pago del salario del personal en riesgo sino que su tarea deba ser reemplazada con horas extra o la contratación de nuevo personal. El cumplimiento de ambas condiciones, que son indispensables para superar la pandemia, genera un sobrecosto que impacta sobre la sustentabilidad de las empresas, sobre todo si la situación se prolonga.

Por tal motivo, conviene considerar estos dos aspectos y agregarlos a los diferentes criterios de asignación ya establecidos por el Comité de Evaluación y Monitoreo del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, como son la característica de criticidad de los sectores, el aumento nominal interanual de facturación, la incorporación de nuevo personal. Estos nuevos criterios serian:

a) porcentaje de personal que está en grupo de riesgo respecto del total del personal
b) el costo del transporte privado de su personal respecto del costo total variable

Estas situaciones afectan más a las empresas de menor tamaño, y son diferentes según el sector, la región, y la propia estructura empresarial, pero sin duda están siendo un factor de distorsión que debería ser incluido para preservar su actividad. El aporte del Estado deberá reflejar la combinación de estas realidades diferentes evitando las inequidades de criterios generales.

La reducción de los pedidos de ATP por parte de las empresas ha sido informado por las autoridades nacionales y la transformación del aporte salarial completaría en créditos subsidiados frente a aumentos nominales de ventas y/o mejoramiento de la situación sectorial, han demostrado la flexibilidad del programa en función de la dinámica de las aperturas de actividades y los indicadores epidemiológicos. Este es un nuevo desafío para la política pública, buscando identificar situaciones que enfrentan las pymes industriales en orden a poder preservarlas y al mismo tiempo velar por el cumplimiento de normas sanitarias indispensables para mitigar el impacto del covid-19.

Más aún, si como todo parece indicar, se irán sumando nuevas actividades esenciales con uso de transporte público (establecimientos educativos, agencias estatales de atención al público, etc.) resultaría que este sector de pymes será el que deba afrontar los mayores esfuerzos para sostener la actividad y su propia supervivencia.

(*) Secretaria de Pro- ducción de La Matanza, ex ministra de Industria de la Nación.
(**) Subsecretario de Producción de La Matanza, exsecretario de Industria de la Nación