La gran mentira

A quiénes beneficia y a quiénes perjudica la falacia de que no hay plata

Que no hay plata es un imposible en un país que se encuentra entre los más ricos del mundo, tanto por la disponibilidad de inmensos recursos naturales en materia agroforestal y pesquera, como de sus recursos hidro-carburíferos, energéticos y minerales, el litio incluido, la disponibilidad de agua potable, su diversidad de climas, como así también por el nivel educativo de nuestra población y por la riqueza y diversidad de nuestra cultura.

A qué sirve la gran mentira

El “no hay plata” es el engaño con que Milei pretende justificar todos sus propósitos, que incluyen en primer lugar el latrocinio que significa la concentración de la riqueza en manos de unos pocos a costa de la inmensa mayoría de la población, en especial de los más necesitados. No menos importante, esa mentira también pretende justificar la renuncia a la soberanía nacional que significa la entrega indiscriminada de tierras a manos extranjeras, la depleción de nuestro medio ambiente, el ataque al cine, al teatro y a todas las expresiones de nuestra cultura nacional, y culmina con el intento de borrar de un plumazo con los derechos sociales e individuales que con luchas supimos conseguir a lo largo de nuestra historia.

Posiblemente, lo más importante es que la gran mentira de Milei también pretende eliminar la función fundamental del Estado nacional como árbitro final de las relaciones sociales en nuestra patria. Nada más ni nada menos.

A quiénes beneficia

Para que todo lo dicho no quede en una mera entelequia, siguen algunos pocos ejemplos.

Según el INDEC, a lo largo de 2023 la canasta básica alimentaria y la canasta básica total aumentaron un 258,2% y un 225,1% respectivamente; mientras que el aumento de la nafta súper llegó a 266,22 % y el del gasoil fue del 264,58 % anual; a su vez, los medicamentos mostraron en 2023 un aumento del 308 %. Esos valores contrastan con una inflación anual del 211,4% y no toman en cuenta los aumentos que se vienen anunciando a partir de enero de 2024 como producto de la mega devaluación del 118% decretada por Milei y su ministro Caputo.

Los promedios ocultan excesos mucho más importantes para los alimentos básicos, como es el caso del arroz, el azúcar y los fideos, que mostraron incrementos anuales del 751%, 421% y 419%; como ya es de público conocimiento, todas esas producciones son dominadas por oligopolios, que además son beneficiados por medio del DNU y la Ley Ómnibus, entre otras disposiciones, con las eliminaciones de la Ley de Góndolas, de la Ley de Abastecimiento y las exigencias del Observatorio de Precios del Ministerio de Economía.

Para no hacerla larga, no agrego a los muchos y muy poderosos beneficiados con las modificaciones a la Ley de Tierras, la de Bosques, la de Medio Ambiente y las muchas otras leyes y disposiciones contenidas en el DNU de emergencia, que está a consideración de la Justicia, y de la Ley Ómnibus, que en estos momentos está tratando el Congreso nacional.

A quiénes perjudica

En especial, quiero señalar a tres sectores que se encuentran entre las muchas víctimas de las mentiras y las disposiciones de Milei y sus ministros.

Cae de maduro que los principales perjudicados son los trabajadores, los jubilados y los integrantes de la población más desprotegidos y de menores ingresos, a los que progresivamente se irán agregando los integrantes de nuestra numerosa clase media.

Muestra de ello son el paro del 24 de enero decretado por la CGT y las dos CTA y las reacciones que ya comenzaron a verse en las calles y las plazas de todo el país, y que se incrementarán a pesar de las medidas represivas anunciadas por la ministra Bullrich.

No tan evidentes para todos es el segundo sector que se verá muy fuertemente perjudicado: las pequeñas y medianas empresas, que representan a un sector del empresariado nacional que da cuenta de un 67% del valor agregado en la Argentina, un 40% del PBI, que genera un 77% del empleo privado a nivel nacional y que durante el gobierno de Mauricio Macri mostró la perdida de 23.000 empresas con políticas menos duras de las que ahora se pretende implementar. El perjuicio a las PyMEs se trasladará de inmediato al conjunto de nuestro pueblo; por ello las reacciones del sector también irán en aumento, como lo demuestra la intensa actividad desplegada por el Movimiento Productivo 25 de Mayo, en defensa de las PyME, las cooperativas y demás actores de la economía social.

Finalmente, caben señalar los perjuicios a las industrias culturales, en especial el cine, el teatro y la música, incluyendo a sus respectivos artistas, técnicos, productores y editores, sin dejar de mencionar la pura maldad que significa el retiro del apoyo a las instituciones que las respaldan y promueven, toda vez que los fondos que permiten su funcionamiento no dependen en absoluto del presupuesto nacional.

Pruebas al canto

Lo dicho hasta aquí podría ser invalidado aduciendo presuntos dogmatismos o posicionamientos políticos. Sin embargo, la causa principal de la falta de recursos del Estado nacional no es un exceso de gastos, como machacan día a día el gobierno, los economistas, los medios de comunicación y los presuntos intelectuales alineados con el neoliberalismo.

Más allá de la necesidad de revisar la racionalidad y las prioridades de muchos de esos gastos, el gran causante de la falta de recursos estatales y el principal origen del déficit fiscal es la enorme informalidad económica que históricamente padece nuestro país.

Nuestro nivel de informalidad supera largamente al 30% de nuestro PBI, mientras que el nivel de informalidad que se verifica en los países desarrollados está en el rango del 5% al 10% de sus respectivos productos brutos.

Como ya fue detallado en la nota La salida del laberinto argentino, alcanzaría con reducir el nivel de informalidad económica del actual 30% a un todavía elevado 20% para eliminar completamente el déficit fiscal y generar además un superávit anual de unos 8.000 millones de dólares. Si se lograra reducir la informalidad a un nivel más razonable del 10%, el superávit alcanzaría los 16.000 millones de dólares cada año.

La urgencia que amerita este debate me priva de consultar previo a la publicación con quienes lo hago habitualmente; pese a ello, mucho agradeceré cualquier comentario que hagan llegar a mi correo, josemafumagalli@gmail.com.