El Trigo HB4 en el centro del debate

El Estado Nacional debe diseñar un plan basado en la Bioeconomía y la Bioética cuyos pilares sean el desarrollo económico y la justicia social.

Por Matias Strasorier * y Maria Rizzo **

La tecnología HB4 para el cultivo de trigo es producto del trabajo público-privado que durante 15 años llevó a cabo el Grupo Bioceres y el Estado nacional, a través de un  grupo de investigación del Conicet y la Universidad Nacional del Litoral liderado por la Dra. Raquel Chan. El descubrimiento del gen proveniente del girasol, que se incorpora por la técnica de transgénesis a las semillas de trigo, aporta mayor resistencia a las sequías. Los resultados de ensayos de campo muestran una mejora del 20 por ciento en el rendimiento de las variedades de trigo HB4 en situaciones de sequía respecto a trigos convencionales.

“A partir del sistema científico público y con un presupuesto bajo en comparación al que tienen las multinacionales como Monsanto (ahora Bayer), desarrollamos una tecnología que otros no pudieron. Logramos que las plantas produzcan más con menos agua”, expresó la Dra Chan. De los más de sesenta transgénicos que se siembran en el territorio argentino, solo tres son nacionales: la papa resistente a virus, el trigo y la soja HB4. Los demás fueron elaborados por multinacionales.

Especialistas de la Bolsa de Comercio de Rosario, la Bolsa de Cereales de Córdoba y la Bolsa de Cereales de Buenos Aires hicieron estimaciones sobre el impacto del déficit hídrico en los lotes implantados con trigo en el centro y el norte del área agrícola nacional durante la campaña 2019/20, durante la cual en algunos sectores llegaron a estar cuatro meses sin precipitaciones significativas. Estimaron una pérdida de entre cuatro y cinco millones de toneladas, que en aquel momento significaban casi mil millones de dólares perdidos por la sequía.

Mercados y agroecología

Actores vinculados a la agroecología y el ambientalismo fundamentan parte de su rechazo en el posible uso de glufosinato como principal agroquímico, para el cual el THB4 es resistente, cuyo potencial impacto ambiental es comparable con la contaminación causada por el uso de glifosato en la soja GM. Vale aclarar que el glufosinato ya se encuentra en uso para los trigos convencionales, detrás del 2,4D, el herbicida más utilizado en el cereal de invierno.

El otro punto de rechazo que esgrimen dichos sectore, es el uso de OGM (organismo genéticamente modificado) en el consumo directo de los seres humanos y el posible impacto en la salud. Este aspecto ha sido discutido por la ciencia en otras oportunidades, como es el caso del evento biotecnológico desarrollado sobre el arroz genéticamente modificado para reducir las deficiencias de vitamina A (arroz dorado), al que se oponía Greenpeace.

En la resolución 41/2020, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca autoriza la comercialización de la semilla de trigo HB4, los productos y subproductos derivados, basándose principalmente en los dictámenes de la CONABIA (Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria) y el SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria). La primera, dictaminó que los riesgos derivados de la liberación de este organismo genéticamente modificado (OGM) al agroecosistema, “no difieren de los inherentes al cultivo de trigo convencional”; el segundo se expidió en cuanto a que no se advierten objeciones científicas desde el punto de vista de la aptitud alimentaria humana y animal.

Aunque el tema no deja de ser controversial y despertar polémica, hay que considerar que la intervención humana en la evolución genética no es nueva. Muchas características genotípicas favorables han sido introducidas a vegetales y animales, ya sea utilizando métodos de reproducción sexual o procedimientos de cultivos de tejidos, de manera rutinaria. Las técnicas de ADN recombinante aplicada a un organismo no ocasionan riesgos nuevos ni riesgos más elevados en comparación con la modificación de organismos mediante métodos tradicionales. No es en la técnica ni en la tecnología donde está el peligro, sino en quién la controla, la domina y la explota.

Respuestas locales

El 16 de marzo de 1972, Juan Perón escribía la carta titulada “Mensaje a los Pueblos y Gobiernos del Mundo”, en la que establecía la justicia social, la soberanía política y la independencia económica como centralidad ante el avance del despilfarro, la “selección social” y la “selección internacional” a la cual los países dominantes sometían al resto del mundo. Ya pronosticaba la crisis ambiental y la hambruna a la cual se encaminaba un sistema capitalista que anteponía el ganar dinero, ante todo.

“Para preservar el ambiente y vivir en armonía con la naturaleza, no hay necesidad de abandonar los avances tecnológicos”, dice Perón en su carta. “Por otra parte, a pesar de la llamada revolución verde, el Tercer Mundo todavía no ha alcanzado a producir la cantidad de alimentos que consume, y para llegar a su autoabastecimiento necesita un desarrollo industrial, reformas estructurales y la vigencia de una justicia social que todavía está lejos de alcanzar. Para colmo, el desarrollo de la producción de alimentos sustitutivos está frenado por la insuficiencia financiera y las dificultades técnicas”, continúa. Claramente el líder del movimiento nacional justicialista comprendía que sin justicia social la tecnología solo beneficiaba al mercado, y el ambientalismo no resolvía el hambre. El Estado debía ser el garante del cuidado de la biosfera y el desarrollo de la comunidad.

Casi 50 años después, el desarrollo del conocimiento estratégico y la ciencia están transformando profundamente las bases del sistema global, donde la disputa por la imposición de las reglas de juego se basa centralmente en el control del 5G, la robótica, el Internet de las Cosas (IoT), la Big Data, el Blockchain, entre otras tecnologías de punta aplicadas a la producción. Dicho salto de escala, sin embargo, se está llevando adelante sin resolver el hambre y las desigualdades que generan quienes dominan el sistema. Mientras las mayorías se siguen empobreciendo, unos pocos acumulan las riquezas que generan quienes producen y trabajan, aunque la misma ONU se esmere en mostrar su preocupación ante la profecía del apocalipsis de un planeta destruido en 2050.

Lo que parece una paradoja es que el desafío de producir de forma sustentable aparece también de la mano del desarrollo científico-tecnológico. El problema es, de nuevo, quien lo controla. Dicho desarrollo actualmente es empujado por la inversión en nuevos medios de producción, con el objetivo de reducir los tiempos sociales producción y así maximizar las ganancias, el detrás de escena de la “revolución verde”. 

No es casual que la “Misión de Innovación Agrícola para el Clima (AIM4C)” presentada en la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático (COP26) realizada en noviembre de este año, sea impulsada por Estados Unidos, con su presidente Joe Biden a la cabeza, junto a la Fundación Bill y Melinda Gates, entre otras empresas trasnacionales como Bayer, Basf, Syngenta, PepsiCo, Croplife, entre otras.

La llaman “agricultura climáticamente inteligente” y proponen inversiones públicas, privadas y filantrópicas en nuevas tecnologías controladas por las empresas. Aquí hacen su aparición las grandes tecnológicas y los grandes fondos financieros a disputar el control de la “agricultura digital”.

Ante este escenario, resulta fundamental en un país agropecuario como Argentina diseñar desde el Estado Nacional un plan basado en la Bioeconomía y la Bioética para el cuidado y la protección de la Biosfera y su Biodiversidad, cuyos pilares sean el desarrollo soberano de conocimiento estratégico y la justicia social. Ello supone el desafío de desplegar a lo largo y ancho del país una red de Polos Tecnológicos Agroalimentarios que vinculen lo público con lo privado en pos de encontrar respuestas a las necesidades locales y promoviendo el desarrollo productivo y sustentable, integral, agrobioindustrial, federal e inclusivo. Con centralidad en la comunidad organizada, con los hombres y mujeres que producen y trabajan como protagonistas.

Un plan en el cual producción agroindustrial no sea opuesto a sustentabilidad ambiental, pero por sobre todas las cosas, que garantice finalmente las condiciones económicas y políticas que permitan atacar “de raíz” los flagelos de la miseria y el hambre del pueblo argentino.

* Médico veterinario, director del Centro de Estudios Agrarios (CEA).

** María Rizzo médica veterinaria, maestranda en Desarrollo Regional y Políticas Públicas de Flacso y co-directora del Centro de Estudios Agrarios (CEA).