Modelos en pugna

Un debate con las heridas a cielo abierto

Los recientes sucesos, incluyendo el rechazo de la ley Ómnibus en las sesiones extraordinarias por parte de la Cámara de Diputados, el reciente discurso presidencial ante la Asamblea Legislativa y la propuesta del Pacto de Mayo, ponen al descubierto la existencia de modelos completamente antagónicos que requieren de un análisis en profundidad, tanto por parte de la política como de las fuerzas sociales y del conjunto de la ciudadanía.

En primer término corresponde poner en evidencia la contradicción absoluta que existe entre la reiteración del pedido de facultades delegadas, las privatizaciones, entre otras medidas contenidas en el nuevo proyecto de ley Ómnibus que Milei anunció como precondición para liberar fondos retenidos a las provincias y para iniciar el tratamiento del Pacto de Mayo, toda vez que, contando con facultades delegadas y en modo consistente con su personalidad, Milei no necesitaría acordar nada con nadie.

En segundo lugar, hay que poner sobre la mesa el hecho de que los diez principios propuestos por Milei brindan la oportunidad de profundizar el análisis de los modelos antagónicos que se presentan a la sociedad; comenzando por señalar la mezcla de principios vacíos de significado que contienen los puntos del Pacto, con otros que requieren una mayor explicitación y otros con los que ya puede realizarse un primer análisis, tanto por parte de los convocados al diálogo como de la política y del conjunto de la sociedad.

Principios vacíos de contenido

El más notorio es el primero, la inviolabilidad de la propiedad privada, en tanto ya está definido en el artículo 17 de la Constitución Nacional, sin que medie ningún pedido de cambio desde la política ni de la sociedad.

También es el caso del quinto, la rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual, una mera opinión que hasta la fecha nunca fue objeto de planteos por parte de los gobernadores ni de ninguno de sus representantes en el Senado Nacional.

El sexto principio postula un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país, sin que hasta el momento se conozca ninguna restricción legal o regulatoria que limite cualquier explotación.

El noveno plantea la necesidad de una reforma política estructural que modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes y los representados, cuestión que tampoco fue objeto de planteos por parte de los partidos políticos ni de las fuerzas sociales.

¿Reformar en qué sentido?

El séptimo plantea una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal y que, más allá del título, requiere para poder opinar de detalles sobre sus contenidos y los esfuerzos que serán necesarios, y de los beneficios que se esperan, tanto por parte del sector empresarial como por parte de los trabajadores.

Un primer análisis

Si bien los principios restantes también requieren de mayor explicitación, su contenido ya permite esbozar algunas opiniones.

El segundo principio plantea el equilibrio fiscal innegociable. Cabe señalar dos diferencias de importancia. La primera: la pandemia demostró en la realidad efectiva y a nivel mundial que nada es “innegociable”. La segunda refiere a los métodos que se proponen para alcanzar el equilibrio fiscal; las medidas implementadas por Milei y su equipo para alcanzar un equilibrio completamente artificioso e insostenible, inclusive a corto plazo, se fundamentan en la eliminación de la obra pública, el incumplimiento de transferencias ya convenidas y presupuestadas a las provincias y, lo que es socialmente más condenable, en el ajuste a los haberes de los jubilados, en el despido de trabajadores estatales y el cierre injustificado de organismos públicos creados por ley.

Coincidimos en la conveniencia de alcanzar un equilibrio fiscal sostenible y duradero; la experiencia del gobierno de Néstor Kirchner y de parte del primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner demuestra con toda claridad que en esas condiciones es posible mantener un sostenido y elevado crecimiento económico con justicia social.

Nos diferencian los métodos para alcanzar ese equilibrio: los que evaden sus obligaciones tienen que hacerse cargo del esfuerzo y de la mayor proporción del costo mediante la reducción de la evasión fiscal. Esa metodología no sólo permitiría eliminar el déficit, sino también generar superávit, posibilitando así la subsiguiente reducción de impuestos.

El tercer principio establece la reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno. Este enunciado resulta históricamente injustificado y ajeno a la realidad que impera en todo el resto mundo. Para demostrar la falta de justificación basta considerar la evolución del gasto público en la Argentina en los últimos cuarenta años.

Como se puede apreciar, la Presidencia que destinó mayor porcentaje del PBI al gasto público fue el gobierno de Mauricio Macri, superior inclusive al de los dos primeros años de Alberto Fernández, a pesar del aumento de los gastos estatales originados por la pandemia.

Por otra parte, no se sabe si la propuesta de llevar el gasto público al “nivel histórico del 25%” se refiere al nivel de la Presidencia de Néstor Kirchner o a la de Fernando De la Rúa. Ante este detalle, es de especial interés comparar el caso argentino con el gasto público en el mundo.

En la tabla que sigue se muestran esos niveles para 28 países, que incluye altamente desarrollados, en desarrollo y sub-desarrollados, así como el porcentaje del total del gasto público que cada uno destina a salud, educación y defensa.

La Argentina ocupa el 10º lugar en el ranking de países de mayor porcentaje de gasto público respecto del PBI, notoriamente por debajo de los países europeos, de Japón y de Brasil y sólo un puesto por arriba de los Estados Unidos. Nuestro país ocupa el 7º lugar en función de lo destinado a salud, el 13º por lo asignado a educación y el 27º en lo que respecta a defensa.

En síntesis, la discusión respecto del nivel de gasto público es una cuestión relevante, que en modo alguno puede ser planteada a la ligera, sin información veraz y menos todavía sin un proyecto sobre el destino de los fondos que serían liberados, incluyendo una adecuada fundamentación.

El cuarto principio propone una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio. Esta redacción merece dos comentarios. El primero se relaciona con la necesidad de considerar esta cuestión en modo conjunto con lo dicho en relación con el segundo principio, la eliminación del déficit fiscal, y los mecanismos a aplicar para lograr esa eliminación. El segundo y no menos importante se refiere a la necesidad de promover no sólo al comercio, sino de anteponer la promoción de la actividad productiva, la generación de empleos de calidad, además de la educación, el desarrollo científico y tecnológico, asuntos que no sólo están notoriamente ausentes en la política oficial sino que, además, son temas en los cuales el gobierno pretende retroceder respecto de lo ya alcanzado.

El octavo principio, una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema, que respete a quienes aportaron y que permita a quienes prefieran suscribirse a un sistema privado de jubilación, es de una lamentable ligereza, parece centrado en la generación de negocios para algunos privilegiados y olvida la nefasta experiencia vivida con las AFJP.

Finalmente, el décimo principio, de apertura al comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser una protagonista del mercado global, resulta también de una increíble ligereza, toda vez que Milei ignora las políticas de quienes dice admirar, como es el caso de Donald Trump, quien pregona hacer nuevamente grande a (norte)América sobre la base de recuperar la producción industrial; o en el caso de los países europeos, que condicionan el tratado Mercosur–UE a la protección de su sector agrícola. Tratar esta cuestión con ligereza posiblemente oculte que las propuestas de Milei apuntan a implementar un modelo productivo meramente extractivista, sin agregación de valor y lisa y llanamente reducido a un completo sometimiento de nuestro país al neocolonialismo.

Primeras conclusiones

Parece claro el enfrentamiento entre un modelo de desarrollo basado en la entrega de más poder a los que ya lo tienen sobradamente en nuestro país, en el sometimiento a los poderes de fondos de inversión, empresas multinacionales y países desarrollados, con Estados Unidos a la cabeza, y otro basado en la producción argentina, con generación de empleo de calidad, justicia social y soberanía nacional. Lo prueba el sometimiento de las paritarias negociadas a las pautas gubernamentales. Al respecto, también queda por ver la respuesta gubernamental a la nota presentada a Milei por 40 premios Nobel de todo el mundo en defensa del CONICET, así como al documento firmado por centenares de profesores universitarios de la Argentina y del mundo bajo el título Milei ante la historia argentina.

Una segunda conclusión es sobre la necesidad de que quienes asistan al diálogo recientemente convocado lo hagan no sólo en defensa de sus propios intereses, sino también con la cabeza puesta en el futuro de la Argentina y de todos los argentinos. Nadie se salva solo. Ceder ante las extorsiones gubernamentales frente el peligro de que nuestro país caiga en la anomia, conlleva el riesgo para quienes lo hagan de ser tratados como infames traidores a la Patria.

La tercera conclusión es sobre la necesidad de profundizar y de hacer extensivos estos análisis al conjunto de las fuerzas políticas, de los trabajadores y de los demás actores sociales de nuestro país. La Patria está en peligro y será necesario defenderla, por nuestro propio bien y por el de nuestros hijos.